Un grupo de personas bloqueó parcialmente la avenida José María Morelos y Pavón, a la altura de Las Torres Bicentenario, para denunciar presuntos actos de extorsión relacionados con un negocio de venta de autopartes usadas ubicado en Santa María del Monte, municipio de Zinacantepec.
Los manifestantes colocaron vallas, lonas y vehículos sobre el carril de alta velocidad de la vialidad para exigir la intervención de las autoridades estatales y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), al señalar que un establecimiento permanece asegurado desde hace ocho meses tras un cateo que, afirmaron, presentó irregularidades.
De acuerdo con José García Carmona, propietario del negocio, el operativo se realizó el 14 de noviembre de 2025 bajo una investigación relacionada con presunta venta de droga. Sin embargo, sostuvo que en la diligencia no se localizaron los indicios que motivaron la orden judicial.
Según la documentación mostrada por los inconformes durante la protesta, el acta circunstanciada refiere que el cateo tenía como finalidad la búsqueda de una sustancia con características propias de cannabis y que dicho objeto no fue localizado durante la inspección.
El comerciante señaló que posteriormente fue asegurado un motor que presuntamente contaba con reporte de robo, situación que derivó en la colocación de sellos de aseguramiento en el inmueble.
Tenemos toda la documentación de nuestro negocio, de los motores y del establecimiento. Ya la presentamos ante las autoridades y seguimos sin una solución. Llevamos ocho meses sin poder trabajar”.
Negocio permanece asegurado desde hace ocho meses
García Carmona aseguró que la suspensión de actividades ha generado afectaciones económicas para su familia y para las personas que dependen del negocio.
Además, reconoció que desde el cierre del establecimiento ha acumulado deudas superiores a los 800 mil pesos y ha tenido que operar de manera provisional en un local de menor tamaño para mantener ingresos.
Yo tengo más de 22 años trabajando en este giro. Tengo dos hijos estudiando en la universidad, una familia que mantener y trabajadores que dependen de esta actividad. Lo único que pedimos es que revisen el caso y nos permitan seguir trabajando”.
Durante la manifestación, los inconformes también denunciaron presuntos actos de extorsión relacionados con el caso y solicitaron que las autoridades revisen la actuación de los servidores públicos que participaron en el operativo.
Los manifestantes señalaron que ya presentaron denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en las que acusan a agentes ministeriales de presuntamente exigir pagos periódicos al propietario del establecimiento.
Según su versión, el aseguramiento del inmueble ocurrió después de que dejó de realizar dichos pagos, por lo que solicitaron que el caso sea investigado por las autoridades correspondientes.
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