Liseth, una mujer venezolana de 27 años, y su hijo Misael, de cinco años y con discapacidad auditiva, fueron detenidos por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) al interior del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), cuando acudieron a apoyar al hermano de Liseth, quien buscaba regresar voluntariamente a Venezuela.
La detención ocurrió la noche del 25 de junio, sin que existiera una orden legal ni se respetaran los derechos de la madre y el menor.
Ambos fueron trasladados a un recinto no identificado en Toluca, donde permanecen incomunicados.
De acuerdo con el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), que asumió su defensa legal, Liseth fue interceptada por agentes migratorios al llegar al aeropuerto.
Su hermano les había pedido ayuda tras ser informado de que sería detenido, pese a acudir únicamente a comprar su boleto de avión.
Liseth, al intentar asistirlo, fue cuestionada por su estatus migratorio y, al no poder acreditar estancia regular, fue privada de la libertad junto con su hijo.
Traslado irregular y sin información oficial
La pareja mexicana de Liseth, Víctor Manuel, presenció los hechos. Narró que ambos fueron retenidos por varias horas sin alimentos y bajo condiciones adversas, mientras agentes del INM solicitaron apoyo de la Guardia Nacional para retirarlo del área.
Más tarde, una camioneta blanca sin logotipos oficiales recogió a Liseth y a Misael.
Solo se informó verbalmente que serían llevados a Toluca, sin proporcionar más datos sobre su destino.
La mañana del 26 de junio, Liseth logró enviar su ubicación vía WhatsApp por unos minutos.
Se presume que se encuentra en un albergue del Sistema DIF del Estado de México, pero desde entonces no ha habido comunicación.
‘Ella no acudió a entregarse, acudió a auxiliar a su hermano. El INM actuó fuera de protocolo y se la llevó sin ninguna justificación legal, junto con su hijo’, señaló la coordinadora Jurídica del IMUMI, Lorena Cano Padilla.
La ley prohíbe este tipo de detenciones
Desde noviembre de 2020, la Ley de Migración en México prohíbe detener a niñas, niños y adolescentes por motivos migratorios.
Aun así, según IMUMI, la práctica persiste de forma encubierta a través de su traslado a Centros de Asistencia Social (CAS) que operan como recintos cerrados, sin libertad de tránsito ni contacto con el exterior.
En este caso, Liseth y Misael han vivido en la Ciudad de México durante los últimos seis meses. Ella mantiene una relación con un ciudadano mexicano, tienen un domicilio estable, y el niño asiste a la escuela donde recibe apoyo por su discapacidad auditiva.
‘El artículo 102 de la Ley de Migración contempla alternativas a la detención. Aquí no se respetaron ni los derechos del menor ni el debido proceso’, insistió Cano.
Amparo, quejas y omisión de autoridades
Para evitar que madre e hijo sean deportados a Venezuela o trasladados al sur del país -una práctica frecuente del INM, según Cano-, IMUMI promovió un amparo indirecto y presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
También notificó a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, pero hasta el momento no han recibido respuesta.
La abogada advirtió que el proceso de regularización migratoria en México es costoso e inaccesible para muchas familias.
Un permiso de estancia legal por un año puede superar los 17 mil pesos por persona, entre multas, trámites y pagos al INM.
Discriminación y perfilamiento racial
Este caso, indicó el IMUMI, se inserta en una práctica sistemática de perfilamiento racial. Las detenciones migratorias se aplican principalmente a personas de origen latinoamericano, haitiano, africano o asiático, mientras que ciudadanos de países como Estados Unidos o Canadá, aunque estén en condición irregular, no son objeto de estas verificaciones.
‘Las acciones del INM están claramente dirigidas a personas racializadas y en situación de pobreza. No hay igualdad de trato ante la ley’, denunció Cano.
Exigen su liberación inmediata
El Instituto hizo un llamado al comisionado del INM, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, para que garantice el respeto a los derechos humanos de la familia.
‘No basta con evitar las estaciones migratorias. Si los tienen incomunicados y sin libertad de movimiento, están detenidos. Y eso es ilegal’, advirtió.
Mientras tanto, Víctor Manuel sigue sin tener noticias de su pareja y su hijo, por lo que acudió al lugar señalado en la ubicación que Liseth envió, pero le fue negado el acceso.
‘Está angustiado, sin poder dormir, sin saber qué les pasa’, compartió la abogada.
Actualmente IMUMI da seguimiento a entre 30 y 55 casos mensuales de personas migrantes, principalmente mujeres y familias en contextos de detención o rechazo.
Aunque mantienen el acompañamiento legal, hasta el momento no se ha confirmado ni el paradero exacto ni las condiciones físicas o emocionales de Liseth y su hijo. Tampoco se ha posicionado la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México.
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