Huizi Toluca, sin operar pese a inversión millonaria

El programa de bici pública surgió en 2015 como alternativa sustentable, moderna y económica de traslados en el centro histórico de Toluca 

Pese a que el programa de bici pública Huizi Toluca tenía una inversión anual aproximada a los 35 millones de pesos y era rentable para sus usuarios, el año pasado dejó de operar.

En tiempos de pandemia de Covid-19, otras ciudades del país, como en Guadalajara, donde opera su similar «Mi Bici», Querétaro y Ciudad de México, optaron por ampliar su servicio de bicicletas públicas, mientras que en la capital mexiquense, el proyecto de las ciclovías emergentes lleva casi un año detenido por inconformidades.

Al respecto, el académico y urbanista Dante Álvarez señaló que Huizi pudo ser rentable pero tuvo trabas políticas.

«Su hermana ‘mi bici’ de Jalisco opera con las mismas bicis y desde que se implementó ha crecido, en tiempos de pandemia, las ciudades del mundo impulsaron la bici como medio de transporte porque el usuario no va confinado y las superficies de contacto son pocas».

«Podría ser rentable, pero muchas veces las políticas públicas no tienen por qué ser rentables, la política sanitaria contra la diabetes seguro no es rentable, pero salva vidas, algo así es impulsar la movilidad sustentable», dijo Álvarez.

¿Cómo operaba?

De acuerdo con información del proyecto proporcionada en su momento por el ayuntamiento de Toluca, Huizi se creó como una alternativa sustentable de transporte durante la administración de Martha Hilda González Calderón, en el año 2015 e inició operaciones en la zona de alcance de la Ecozona.

Se trataba de 26 estacionamientos, con 250 bicicletas que a abarcaban 218 manzanas en 3.3 kilómetros cuadrados.

Los usuarios se suscribían a una membresía anual con un costo de 333 pesos, que les permitía traslados de 30 minutos y una misma bicicleta podía ser usada hasta por 12 usuarios.

¿Cuáles eran sus rutas?

Las bicis permitían a los usuarios desplazarse por puntos estratégicos que abarcaba la Ecozona, como son las calles de Venustiano Carranza, Santos Degollado, Manuel Gómez Pedraza, Josefa Ortiz de Domínguez y Andrés Quintana Roo.

Además contaban con un sistema de GPS que les permitía a los usuarios saber si ubicación en tiempo real y el monitoreo de la unidad.

En su primer año de operación, el programa de bici pública contaba con 594 usuarios, 16 mil 703 viajes con un promedio de 140 recorridos por día había permitido evitar la emisión de cerca de 2.18 toneladas de CO2 en cinco meses.

¿Cuáles eran sus costos?

La empresa Urban Solutions era la encargada de la licencia y mantenimiento del software con que opera el sistema de bici pública.

Mientras que para los seguros contra robos y el mantenimiento, existía una seguro anual por 34 millones de pesos, convenio hecho con la autoridad municipal y el Instituto Municipal de Cultura y Deporte de Toluca (Imcufidet).

Sin embargo, con las administraciones municipales subsecuentes, se comenzó a desmantelar y retirarle recursos para su operación.

Dante Álvarez apuntó que aunque los recursos eran federales y etiquetados, el programa dejó de operar, pese a ser rentable.

«No sólo no invirtieron, sino que intentaron quitarle los fondos federales que tenía el servicio, se desmanteló cuando inició la cuarentena», comentó el activista.

Para la activista Regina Gorostieta el programa debería continuar, pues es urgente en tiempos de Pandemia en los traslados.

«Considero que sería un gran beneficio tener un sistema de bici pública (independientemente de la pandemia) incluso nosotros hemos hecho análisis de su conectividad con el transporte público y facilitaría el transporte multimodal», expuso la integrante de la iniciativa Muevetex.